A principios de Mayo, la revista Crisis subió a su portal web un dossier sobre la situación de los trabajadores no registrados. El mismo lo inauguraron Paula Abal Medina y Martín Rodríguez en un texto que afirmaban lo siguiente: “los no registrados están en el campo, los hogares, en bares y pizzerías, en talleres textiles, comercios de todo tipo y en la construcción, también en la industria. Son peones rurales, empleadas domésticas, vendedores, mozos y bacheros, albañiles, obreros industriales, entre tantas actividades más. La variable de ajuste, el margen de arbitrariedad de los patrones. ¿Puede registrar el pequeño industrial y comerciante? Y si no puede, ¿Quién hace algo? ¿Y los sindicatos?” El dossier cuenta con distintos textos: uno de pantallazo general de los trabajadores no registrados, a cargo de Juliana Persia; otro sobre los trabajadores rurales a cargo de Juan Manuel Villula, y uno más de Natalia Gelos acerca del empleo doméstico.

 

Interesante planteos para un mayo que dio cuenta, otra vez, de una inflación incontrolable (el índice fue de 6% y lleva un 58% interanual) y que genera un consecuente deterioro de los ingresos tanto de los trabajadores registrados, como todo lo que queda por fuera de las relaciones legalmente formalizadas. Sumado a ello, el jueves 12 de Mayo se realizó una Marcha Federal que culminó en Plaza de Mayo y que encabezaron las organizaciones de Unidad Piquetera, que son aquellas organizaciones por fuera de los esquemas de gobierno, a diferencia de la UTEP por ejemplo. Nos interesa registrar una metamorfosis discursiva, en voz del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni que afirmó “lo que reclamamos es el trabajo, el salario y que no haya hambre en la Argentina, que produce alimento para 400 millones de personas”

 

Se puede ligar, entonces, cierta agenda analítica en torno a ese primer análisis de la revista Crisis con estos dichos, y que nos permiten dudar –en principio- de las discusiones publicas que reclaman el “pasaje de planes a trabajo formal”. A nuestro entender, dicha forma de plantear el problema implica al menos dos olvidos. El primero encubre el deterioro sistémico del mercado laboral como integrador de población ¿Cuánto empleo registrado se requiere para integrar fuerza de trabajo excluida? ¿Está en condiciones el mercado laboral argentino de hacerlo?

El segundo olvido es de carácter histórico. La discusión pública en torno al pasaje de planes a trabajo formal tiene un origen bastante más antiguo que el que se cree. Con matices, diferencias (especialmente de contextos), ciertos contrastes, pero determinadas continuidades y fundamentalmente persistencias de carácter “estructural”. Hagamos mención a los siguientes dichos allá por el 2001:

 

“Sobraba el hambre y faltaba el trabajo”

Ayelén Velázquez, locución de documental 39, las victimas del 2001.

“Más que comer, queremos trabajo, queremos trabajar”

Voz de una manifestante en cacerolazo en Monumento a la Bandera, Rosario. 19-12-2020

 

Hay una imagen de época acertada: el trabajo no es garantía de zafar de la pobreza, pero así y todo, sus dispositivos de reclamos se asientan y subsisten en varias organizaciones sociales. De este modo, el pasaje de “planes a trabajo formal” nos hace estallar en la cara una crisis que se incuba hace mucho más que apenas estos años de la marmota: porque en los días de estallido del 2001, también, se escenificaba una demanda de trabajo genuino. Lo interesante de este proceso, es que el Ministerio de Trabajo de Nación, encabezado por Graciela Camaño en ese entonces, era un ministerio de la emergencia dado que era el organismo que otorgaba los planes Jefes y Jefas de Hogar. El tiempo inaugurado por el kirchnerismo en el gobierno, traería la reconversión administrativa del Ministerio, y sobre todo, la incorporación de aquellas demandas callejeras: el trabajo formal, genuino, registrado, “digno”, era el que fomentaban los funcionarios a cargo, especialmente aquellos ligados al PNRT. La crisis causo trabajo registrado, inspección laboral y la consolidación de un sistema de seguridad social lo suficientemente robusto para sobrellevar con lo mínimo estos tiempos.

 

Ahora bien, como corolario de este proceso subterráneo que se extiende a la actualidad, podemos preguntarnos lo siguiente ¿Quién pide salir de la crisis registrando la informalidad? En principio, lo registrable en la actualidad pasa por dos grandes formas laborales: una es aquella de lo que trata el dossier de la revista Crisis, es decir, el ajuste de una política como el PNRT y la fiscalización laboral a la realidad actual; la otra, una victoria pírrica de la actualidad: si algo permitió el IFE es generar una contabilidad de los que estaban “fuera del sistema”, así como el RENATEP se puso en marcha, para tener una radiografía consistente y mas o menos exacta de la fuerza laboral argentina. El riesgo de todos estos arreglos (necesarios, acuciantes, y urgentes) es observar la realidad a través del calculo de Excel o de meros ajustes de “gastos e ingresos” en la fiscalidad estatal. Dirigentes, funcionarios, gobernantes, tienen el trabajo –la obligación- acuciante de escuchar los murmullos y silencios de las calles… que, ojo, no son para nada benevolentes con la propuestas actuales de la política laboral. Porque no solo se están jugando la jerarquía y autoridad de los gobernantes de turno, sino por sobre todo, la sensación terrible que se quiebra la autoridad y el poder estatal. El registro, la inspección, el control laboral, se encuentran en estado crítico porque el Estado se hace cada vez más difuso en su aspecto práctico, cotidiano, y territorial. Tal vez, sea hora de imaginación política, pero sobre todo, de fomentar nuevas formas de intervención, aplicación y gestión pública.

 

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