La pandemia trajo consigo muchas discusiones que se desvanecieron en el aire, recordemos la del ingreso básico y universal. Intentemos plantear una discusión en torno a la estatalidad y al territorio y que no se esfume en el corto plazo.
Por Maxi Ledesma
La trama temporal de la pandemia puede volverse una trampa laboral para los y las trabajadores esenciales del Estado. Por ello, los relatos sobre “trabajos esenciales” pueden variar desde las labores de cuidado, hasta profesionales de salud, pero no podemos dejar de lado a quienes venían desplegando un abordaje en torno a las esferas de la cuestión social: vivienda, educación, la ya mencionada salud. ¿Trabajadores de la integración? Desarrollo Social de Ciudad (Hábitat), de Provincia, Institutos de Vivienda, Unidades especiales, programas como Envión, centros de educación no formal, conforman el abanico actual de trabajadores estatales de la emergencia, sumado a las oficinas municipales de acción social de cada distrito.
La socióloga Luisina Perelmiter (2017), acuña el término burocracia plebeya, para referirse a esta burocracia de calle, a la que debemos sumar a las policías, inspectores del trabajo, y varios efectores públicos más. Me interesa proponer, entonces, algunos tópicos para pensar el vínculo entre Estado y territorio, y así fomentar una discusión al largo plazo, y que no sucumba ante los vientos de la incertidumbre reinante.
Las formas del Estado
En los últimos tiempos, se hizo muy común hablar de “gobierno de los científicos”, en realidad, parte del equipo de gobierno se auto percibe de ese modo. Pero ¿de qué se trata semejante afirmación e identificación? Esta es una respuesta al “mejor equipo de los últimos 50 años” enarbolado por el macrismo reciente, y que implica, en cierto modo, que el elenco gubernamental actual se diferencia lo suficiente de aquel no solo en su composición interna (como bien ha mostrado a lo largo del 2020 Paula Canelo en el diario El Destape), perfiles, orígenes, estudios, etc, sino sobre todo, en su visión del mundo, su percepción científica en este caso.
Ahora bien, una cosa es revalorizar la ciencia, y a los científicos (su rol social), luego del fenomenal desfinanciamiento, desprecio y maltrato que tuvieron en la era Macri, y otra muy distinta es hacer política desde la tendencia al tecnicismo, y la tecnocracia: el horizonte social comunitario no puede regirse bajo los parámetros de la ciencia. Por ejemplo, el fiscalismo económico, y la “coherencia macroeconómica” no puede ser la consigna que busque bajar inflación, subir salarios o ajustar tarifas/subsidios. Si la ciencia es el paradigma para gestionar (en este país tiras un problema y nace un observatorio o centro de estudios) nivelamos la diversidad de herramientas, formatos, e instrumentos de la gestión pública, y se van creando fronteras dentro del propio Estado: un “centro” regido por esta racionalidad científica, y que en base a buenos diagnósticos, ejecuta diversas políticas: administración ejecutiva, administración judicial y “formación democrática de la voluntad popular” del Congreso, y claro, la jefatura de ministros y varios ministerios alrededor de esta órbita; y, una “periferia”, que es como una zona “interna” del propio Estado: universidades, sistemas de seguridad social, representaciones estamentales, cámaras de comercio, sociedades benéficas, fundaciones, y todos los funcionarios públicos que interactúan desde el Estado, pero se mimetizan con estos grupos. ANSES, AFIP, PAMI, médicos, policías, trabajadores de la integración social, y varios etc más, forman parte de los límites a esta racionalidad científica pregonada desde el gobierno.
En parte, como veremos, por su aspecto territorial, pero sobre todo, porque la ciencia presume control de variables, experimentos y muestreos de prueba, que la realidad acuciante y de emergencia que atravesamos no permite del modo imaginado. Pretender que la ciencia sea la tutora de la política es como pretender que la población salga a festejar alguna medida de gobierno que no entendió muy bien.
Territorio y territorialidad
Lo dicho hasta aquí, implica aceptar que no hay una sola idea de Estado, por el contrario, hay varios Estados dentro del mismo. En este sentido, hay funciones más científicas que otras: el INTI, el INTA, algunas áreas administradas por arquitectos, técnicos contables, y el mismo Ministerio de Salud, se consolidaron de distinto modo, digamos por ejemplo, que las policías, o las FFAA, donde el “saber” es menos laboratorio y más campo. Sin embargo, estos trabajadores estatales, comparten un punto central para entender las lógicas actuales de gestión pública y búsqueda de estatalidad, es decir, de construcción de autoridad estatal: es la cuestión del territorio.
El territorio, desde nuestro punto de vista –que recoge las posturas de la geografía, la sociología, y no tanto la mera referencia a la arquitectura y mensura- es el espacio social que nos muestra la historia de determinado lugar, donde sus actores se apropian e identifican con dicho lugar, haciendo que a través de sus vínculos y dinámicas se produzca y reproduzca el territorio. Estas dinámicas, entonces, dejan como resultado territorialidad, dado que muestran las dimensiones económicas, culturales, institucionales, etc, de cierto número de actores públicos, con desigual distribución de poder. Estas definiciones implican, que el Estado no “aterriza”, ni mucho menos “baja” o “llega”, sino que involucran nuevas definiciones sobre cómo hacer políticas públicas. Se pone en juego cliché básicos: estado cercano es una que nos interesa, por ejemplo: pensar que el Gobierno de la Ciudad tiene una gestión “cercana” al ciudadano vecinalizado, solo por el hecho de construir viviendas y relocalizar familias, es olvidar los conflictos que estos procesos conllevan. La multiplicidad de voces, justamente, es la característica central de la territorialidad de las políticas públicas.
El territorio no es un mero escenario (más o menos favorable para los políticos) donde se despliegan las políticas, de distinta índoles -laboral, social, de salud, de seguridad-, no puede ser un dato a la hora de pensar las políticas públicas. Se trata de este modo, de pensar las políticas sin un “arriba” y sin un “abajo”, siendo las normas, los reglamentos, las leyes, los mercados, el control estatal, las instituciones a su alrededor el “arriba” imaginado, mientras que ese abajo, es ese territorio, con actores de carne y hueso, redes, recursos económicos, punteros, malandras, sistemas de acceso a las instituciones públicas, entre otras. Debemos hacernos cargo, de que el territorio produce efectos territoriales, sin binarimos, modifica a los efectores públicos y a la política, desde un punto de vista existencial inclusive, y los confronta con la yuxtaposición de distintas escalas de problemas, pero también, con las articulaciones necesarias para “el buen gobierno”.
Tampoco hay territorio sin actores, lo que si existe, es la búsqueda estatal de reconocer y legitimar ciertos actores del territorio, sean estos empresarios privados, u organizaciones comunitarias. El Estado, busca el territorio que más cómodo le quede, pero sabemos por experiencias históricas, que siempre es desbordado.
Desafíos en tiempos de incertidumbre
Pensar de este modo Estado y territorio, nos trae al menos dos desafíos. El primero tiene que ver con los trabajadores territoriales del Estado, o los que forman parte de su periferia, los más esenciales y visibles en estos momentos. Si las oficinas estatales van a estar en territorios, no sirven de mucho si no hacen más que atrapar, atender, “escuchar”, las problemáticas ciudadanas. Por el contrario, si no se asume urgentemente, la profesionalización, jerarquización, y el reconocimiento a los trabajadores territoriales, el Estado aparecerá como esa figura de Golem que le atribuyen: con pies de barro, grande pero ineficiente o peor, el eterno retorno de la empleada estatal de Antonio Gasalla. Si por un lado corre la legitimidad social (¿Cómo hacer que nuestra sociedad valore el empleo estatal, docentes por ejemplo?) atada a sospechas sobre el trabajo estatal, distinta es la propia legitimidad que el Estado debería conceder: revisión de sueldos, tipo de contrataciones (60% del personal del GCBA es monotributista, en su propia Web figuran los datos), y reconocimiento de varios saberes, conforman la base para una futura revisión del CCT (Convenio Colectivo de Trabajo) del empleo nacional, o municipal por ejemplo, donde hay sueldos de 10 mil pesos y no existe nada parecido a un CCT.
El segundo desafío, es característico del actual momento que vive el capitalismo argentino, con la propagación de relaciones sociales cada vez más desiguales: el desafío de superar la indiferencia estatal. Sucede que la territorialidad estatal, termina siendo un sinfín de irresponsabilidades, porque si tal problema no corresponde a tal organismo, o si tal municipio deriva la problemática a la Provincia, la vida de los sufrientes se basa en una vida de ventanillas, es decir, vamos visitando diversos organismos para ver quién nos responde y/o soluciona el dilema. Desde un poste de luz, hasta los trámites automotores, e inclusive la búsqueda de autorizaciones médicas de PAMI, toda esa maraña interminable de reclamos y necesidades que desbordan las escalas del Estado, sistematizan un Estado que no soluciona, por el contrario, frustra y atropella
La idea aquí planteada no es despreciar la ciencia, ni las sociales o las más técnicas, sino atender la realidad realmente existente, el realismo de las vidas humanas sumidas en la pobreza, la miseria y la desocupación que brota en cada esquina del AMBA. El mayor desafío, creemos, es coordinar, colaborar, favorecer y facilitar la gestión pública y asumir que los tiempos venideros tendrán en la tensión universalismo-focalización un capítulo de disputa de derechos y que el Estado deberá afrontar. Nos quedamos con las siguientes preguntas-problemas ¿Cómo establecer una población beneficiaria de tal programa si cada vez son más los pobres? ¿Cómo diseñar, implementar y controlar la variabilidad del territorio? Que la sospecha sobre la ciencia no se expanda y fortalezca la sospecha sobre el Estado.
