Por Maxi Ledesma

En las primeras semanas de febrero surgió una noticia que tomo de sorpresa la agenda mediática. Es una de esas noticias que patea el tablero de nuestra sociedad astillada, en crisis y con un deterioro salarial real que ya acumula varios años de caída (según los datos del INDEC el salario de trabajadores registrados cerro el 2021 con un alza apenas del 0,2% arriba de la inflación del período de 50,9%) en paralelo a una inflación inter anual que se consolida en torno al 50%. Si hablamos de estabilidad, nadie puede negar que este 50% es lo más estable que conseguimos en años.

Lo que sucedió fue que el SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático), logró una vez más, un bono extraordinario estipulado por su CCT que otorga el 33% a cada trabajador de la planta Bridgestone del 6% de facturación anual. Es lo que se conoce como la participación en las ganancias netas y ordinarias de la empresa. El bono es, ni más ni menos, de 730.000 $ anuales, y se cobra en dos períodos del mismo. Alto guiso definitivamente.

El SUTNA (uno de los pocos que tienen raíz industrial dentro de la CTA) y la Asociación Bancaria, son dos de los sindicatos que tienen avalado por Convenio dicha arreglo con la dirección empresaria. Lo que existe en otros sectores de la economía son distintas bonificaciones que en gran parte dependen de la definición de productividad que la empresa y sus gestores de RRHH quieran imponer. Es decir, que en el primer caso la bonificación cuenta con la aprobación no solo gremial, sino por sobre todo, estatal. El artículo 14 bis de nuestra Constitución ya lo estipula y además, cada CCT transcribe las distintas luchas que los sindicatos llevaron a cabo y que fueron reconocidas públicamente. En el segundo caso, la discusión en torno a la productividad coloca a los gestores de capital humano a la cabeza de dichas definiciones, en conjunto con los ingenieros o técnicos industriales que organizan las unidades productivas. No existirían “tareas” o “sectores” más productivos que otros, sino “actos productivos realizados en equipo y que guardan un saber específico”.  Bajo estás definiciones, la participación en las ganancias, como derecho, se suma al control de la producción y acceso a la información y dirección de la empresa. El derecho, muchas veces, es letra muerta, pero suelen ser algunos sindicatos con conducciones comprometidas con sus bases quienes sacan a la luz la voluntad de reconocimiento económico que el derecho escrito dejó establecido.

Lo del SUTNA es un ejemplo extremo, claro está, pero permite poner en debate las enormes desigualdades que existen en nuestro pueblo trabajador. ¿Qué ganancias van a reclamar los trabajadores de la economía popular? ¿Qué figuras de empresario se manejan allí? ¿Cuáles son las categorías de rentabilidad ajustadas a estos movimientos? A fines de 2021 se lanzo el RENATEP (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular), que es la contabilidad estatal del trabajo de la economía popular: feminizado, juvenil y con actividades de cuidado son las principales características de esta fuerza de trabajo. De esta manera, el polo formalidad-informalidad se torna insuficiente para dar cuenta de las dinámicas laborales actuales. Del mismo modo, podemos traer a escena los trabajos de plataformas, los trabajos que presentan mayor grado de profesionalismo (desde un arquitecto a una periodista) todos y cada uno específicamente, marcados por la precariedad sistémica. Otra sensación de estabilidad que nos abraza.

Estás nuevas zonas grises –y esquizofrénicas- del capitalismo local, la podemos pensar con las afirmaciones de la socióloga Verónica Gago: pensar el neoliberalismo implica esta dimensión “popular” en combinación con la financiarización creciente de los vínculos. Imaginemos que en vez de ganancias netas, los trabajadores de los sectores más rentables de la economía reciban acciones (modelo consolidado en los países desarrollados) o miremos los mundos que se conectan del arquitecto que factura al GCBA y a un estudio de Constantini y la costurera de barbijos que pide un crédito en Efectivo Sí, todas formas híbridas que aumentan la distancia social entre clases (más simbólicas que “objetivas”).

Y es así que, en un contexto marcado por el ¿acuerdo? con el FMI, vale recordar algunas discusiones que nos trajo el mundo pandémico: ingreso universal, estatización de empresas económicamente estratégicas, impuesto a las grandes fortunas, reformas urbanas, impuesto a la vivienda ociosa, e incluso los actuales dimes y diretes sobre subsidios (discutidos compulsivamente por la lógica grietista o del cuño facilista “odio a los porteños”), distribución de la riqueza y eficiencia económica. Hay un debate que fue presentado por varios dirigentes como “convertir planes sociales en trabajo genuino”, pero este escriba recuerda que es un viejo debate, rastreable hasta las mismísimas jornadas por 2001-2002. Lo sucedido estás semanas en Bridgestone nos provoca una reflexión profunda sobre el vínculo Estado-sociedad y la particular forma en que Argentina, fiscaliza, controla y regula las relaciones laborales, que como dijimos son variopintas, multiformes, y heterogéneas.

Es entonces, que se plantea un desafío para los hacedores de política pública, los dirigentes, los técnicos medios y los distintos trabajadores y militantes que se agrupan y se convocan para modificar sus “condiciones laborales (de vida)”. Porque, a ojo de pavo, nadie trabaja en las “condiciones deseadas” (remuneración, seguridad, trato con los patrones, control de tareas, entre otras dimensiones). Si como me conversaba un funcionario histórico del Ministerio de Trabajo de Nación, el mayor combate que tenemos es volver a recuperar expectativas y dejar de conformarnos con poco. En tiempos donde se gestiona con los posters que quedaron en una habitación vieja, la esperanza como anulación del presente y como forma de incitarnos al futuro -incierto-. Es hora, entonces, de elogiar el riesgo, o recordando la predica peronista: para hacer tortillas hay que romper huevos.